Se reabre la confrontación entre la política de rescate estatal de la ENEE. ¿De cuánto será el aumento de las tarifas? Te lo contamos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La reciente aprobación del incremento a las tarifas de la energía eléctrica ha expuesto las profundas diferencias entre la estrategia del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional para rescatar el sistema eléctrico, y la visión del sector empresarial.
Mientras el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Salomón Ordóñez, advierte que el aumento de la tarifa será del 12% —frenado de un posible 21%— y seguramente golpeará la competitividad y la canasta básica, el Legislativo defiende su reforma energética enfocada en la soberanía estatal.
Este escenario coloca en el centro del debate la efectividad de las políticas públicas frente a la cruda realidad financiera de la estatal eléctrica, en un momento donde el costo de la vida y la atracción de inversiones son temas críticos para el desarrollo del país.
El choque de visiones tras el rescate estatal de la ENEE
La reforma energética impulsada desde el Congreso Nacional se ha centrado en declarar la energía eléctrica como un “bien público y un derecho humano”, revirtiendo la Ley de la Industria Eléctrica de 2014 que buscaba fragmentar y privatizar áreas de la empresa estatal. La estrategia legislativa apuesta por la renegociación forzosa de los contratos con los generadores privados (PPA) para bajar los costos de producción y por la centralización de la distribución bajo el mando absoluto del Estado.
Sin embargo, desde la perspectiva técnica del Cohep, esta visión choca con las necesidades del mercado real. Analistas señalan que la reforma oficialista se enfoca excesivamente en el control político y estatal, dejando de lado los mecanismos de mercado que garantizan precios bajos a largo plazo.
La crítica radica en que, a pesar de los esfuerzos por revisar contratos y aplicar subsidios masivos a los consumidores de bajos recursos, las tarifas siguen subiendo porque el problema de fondo —la ineficiencia operativa— no se está resolviendo con la velocidad que la economía exige.
Pérdidas comerciales y el retraso en las licitaciones públicas
El nudo gordiano del sistema eléctrico hondureño sigue siendo el índice de pérdidas técnicas y no técnicas, que actualmente ronda el 34% de la energía generada. Esto significa que más de la tercera parte de la electricidad del país se esfuma por robos, fraudes o cables defectuosos, un lastre financiero que ni el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) ha logrado contener según los objetivos iniciales.
Ordóñez atribuye la crisis tarifaria a una parálisis de decisiones estructurales durante los últimos 15 años y propone una ruta distinta a la del Congreso:
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Licitaciones internacionales urgentes: En lugar de parches financieros, se plantea la necesidad de convocar a concursos públicos internacionales transparentes para comprar energía limpia y barata, atrayendo tecnología que blinde las redes de distribución.
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Competitividad en la región: Mientras Honduras encarece su producción, países vecinos como El Salvador o Guatemala avanzan en la diversificación de sus matrices con precios más estables, lo que coloca al territorio nacional en una clara desventaja para atraer el fenómeno del nearshoring.
El impacto en cadena sobre la economía y los hogares
El incremento del 12% no es solo un golpe directo al recibo de luz residencial; actúa como un impuesto invisible para toda la cadena comercial. Las empresas e industrias de manufactura transfieren de forma gradual este aumento operativo al precio final de los bienes y servicios, presionando el índice de inflación y encareciendo la canasta básica de alimentos.
El dilema de la inversión: Las grandes corporaciones internacionales miden el costo y la estabilidad del kilovatio-hora antes de instalar una planta de producción. Una tarifa elevada e impredecible frena la creación de empleo formal en zonas clave como el Valle de Sula.
La encrucijada actual deja claro que la reforma del Congreso Nacional y las exigencias técnicas del sector privado buscan el mismo fin —salvar el sistema eléctrico— pero por caminos opuestos. Mientras el Legislativo insiste en un modelo de control estatal y subsidios cruzados, los expertos técnicos advierten que sin competencia, licitaciones abiertas y una reducción real del hurto de energía, las tarifas continuarán asfixiando la economía nacional.