Washington, Estados Unidos.
La BBC reveló nuevas pruebas en video que vinculan al sospechoso Omar al-Bayoumi, figura central en una demanda de un billón de dólares presentada por familias de víctimas del 11 de septiembre de 2001, con funcionarios del gobierno de Arabia Saudita y con figuras clave del extremismo islamista.
Entre las imágenes divulgadas se encuentra una grabación de 1999 en la que al-Bayoumi realiza una vigilancia detallada del Capitolio de Estados Unidos, registrando entradas, salidas y puestos de seguridad mientras describe la importancia de los objetivos.
Estas grabaciones llegaron a manos del FBI apenas días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando fueron incautadas en el apartamento que al-Bayoumi ocupaba en el Reino Unido.
Partidas de paintball con futuros líderes de al-Qaeda
Los videos también muestran a al-Bayoumi participando en partidas de paintball con extremistas, entre ellos Anwar al-Awlaki, quien posteriormente se convertiría en uno de los líderes más influyentes de la organización terrorista al-Qaeda.
Estas imágenes contrastan abiertamente con las declaraciones que al-Bayoumi ha sostenido durante 25 años, negando ser un extremista o un espía al servicio del gobierno saudita.
Vínculos financieros con el gobierno saudita
Según datos previamente investigados, al-Bayoumi recibía un salario mensual de una empresa vinculada al Ministerio de Defensa de Arabia Saudita sin asistir a clases ni trabajar.
Ese apoyo financiero habría aumentado precisamente tras la llegada de los secuestradores del 11-S a San Diego, hecho que refuerza las sospechas sobre su rol como facilitador de la red terrorista.
El material de video incautado por el FBI no fue compartido plenamente con todos los investigadores estadounidenses durante décadas, lo que, según alegan los demandantes, obstaculizó el avance de las investigaciones sobre la responsabilidad saudita en los atentados.
Demanda histórica avanza a juicio
Las familias de las víctimas presentaron su demanda amparadas en la Ley de Justicia contra Patrocinadores del Terrorismo, conocida como JASTA, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a estados extranjeros por daños personales o muerte relacionados con ataques terroristas.
En la demanda, los familiares alegan que agentes del gobierno saudita proporcionaron una red de apoyo esencial para los terroristas y reclaman una compensación de aproximadamente un billón de dólares.
En agosto de 2025, un juez federal de Nueva York dictaminó que existen pruebas legalmente suficientes contra agentes saudíes para que la demanda colectiva proceda a juicio, lo que representa un avance histórico para las familias de las al menos 2,977 personas que perdieron la vida en los ataques del 11 de septiembre de 2001.
La revelación de estos videos por parte de la BBC reaviva el debate sobre la transparencia de las investigaciones y la eventual responsabilidad estatal en uno de los atentados terroristas más devastadores de la historia moderna.
¿Qué reveló la BBC sobre Omar al-Bayoumi?
La BBC divulgó videos que vinculan a Omar al-Bayoumi con funcionarios del gobierno de Arabia Saudita y con figuras clave del extremismo islamista, incluyendo una grabación de 1999 en la que realiza una vigilancia detallada del Capitolio de Estados Unidos.
¿Qué relación tenía al-Bayoumi con al-Qaeda?
Los videos muestran a al-Bayoumi participando en partidas de paintball con extremistas, entre ellos Anwar al-Awlaki, quien posteriormente se convirtió en uno de los líderes más influyentes de al-Qaeda.
¿Cómo estaba vinculado financieramente al-Bayoumi con Arabia Saudita?
Al-Bayoumi recibía un salario mensual de una empresa vinculada al Ministerio de Defensa de Arabia Saudita sin asistir a clases ni trabajar, y ese apoyo financiero habría aumentado tras la llegada de los secuestradores del 11-S a San Diego.
¿En qué se basa la demanda de las familias de las víctimas del 11-S contra Arabia Saudita?
Las familias presentaron su demanda amparadas en la Ley JASTA, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a estados extranjeros por daños relacionados con ataques terroristas, reclamando una compensación de aproximadamente un billón de dólares.
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