Tela, Honduras.
La comunidad garífuna mantiene bloqueada la carretera CA-13 a la altura de Triunfo de la Cruz, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, en una medida de presion que se intensifica conforme pasan las horas.
Los manifestantes, liderados por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y otras organizaciones aliadas, han declarado que no levantaran el campamento indefinido hasta que el gobierno establezca una mesa de diálogo directo con sus comunidades.
Cinco defensores detenidos, el detonante de la protesta
La chispa que encendió la actual movilización fue la detención de cinco integrantes de la comunidad garífuna de San Juan tras un desalojo ejecutado por autoridades en esa localidad.
Según los manifestantes, los detenidos son defensores del territorio ancestral que fueron procesados injustamente.
El malestar comunitario se agudizó cuando, según denunció la coordinadora de OFRANEH, Miriam Miranda, las autoridades judiciales trasladaron el proceso a los Juzgados de Jurisdicción Nacional en San Pedro Sula, una decisión que la organización calificó como ilegal y como un intento de equiparar la defensa del territorio con actos de criminalidad organizada.
Miranda fue directa en sus advertencias: ‘De no hacerlo, responsabilizamos al Poder Judicial por las consecuencias derivadas de la falta de aplicación de justicia y por la utilización del sistema judicial como un mecanismo de persecución contra quienes defienden los territorios ancestrales del pueblo garífuna’.
Las tres exigencias centrales del movimiento
Los manifestantes han sintetizado su lucha en tres demandas fundamentales: el cese definitivo de los desalojos forzados en comunidades garífunas, el fin a la criminalizacion de sus líderes y defensores, y el cumplimiento inmediato de las sentencias internacionales que reconocen sus derechos sobre los territorios ancestrales.
También exigen la derogación de la Ley Agroindustrial, a la que consideran un instrumento que vulnera sus derechos colectivos como pueblo afrodescendiente. No levantarán el bloqueo, advierten, hasta obtener respuesta concreta del gobierno central.
Decadas de disputa y sentencias sin cumplir
La crisis actual no nació de la noche a la mañana. Honduras acumula tres sentencias condenatorias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de comunidades garífunas: Triunfo de la Cruz (2015), Punta Piedra (2015) y San Juan (2023).
En todas ellas, el tribunal internacional declaró al Estado de Honduras responsable por violar el derecho a la propiedad colectiva de estas comunidades y ordenó una serie de reparaciones y restituciones territoriales que permanecen pendientes de cumplimiento mas de una decada despues.
La sentencia de octubre de 2015 a favor de Triunfo de la Cruz ordena al Estado hondureño restituir la posesión y garantizar el uso y goce de las tierras colectivas al pueblo garífuna de esa comunidad, la cual cuenta con aproximadamente 10,000 habitantes asentados a orillas del mar Caribe.
Pese a ello, el incumplimiento sistémico ha generado un clima de inseguridad jurídica que, según organizaciones de derechos humanos, alienta a terceros a ocupar y negociar tierras que deberian estar protegidas.
En el plano institucional, el gobierno instaló en 2023 una Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el cumplimiento de las sentencias, pero las comunidades afirman que los avances concretos han sido escasos y que la situación sobre el terreno continúa deteriorándose con nuevos desalojos y procesos judiciales contra sus miembros.
Presencia internacional y alerta sobre genocidio cultural
La situación del pueblo garífuna en Honduras ha atraído la atención de organismos internacionales. En agosto de 2025, una delegación internacional conformada por defensoras y defensores de derechos humanos de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa visitó las comunidades garífunas y suscribió una declaración exigiendo al Estado hondureño el cumplimiento de los fallos de la Corte IDH, la protección integral de los liderazgos comunitarios y el fin de la criminalizacion.
La OFRANEH, por su parte, ha calificado el conjunto de estas acciones como ‘genocidio cultural’ contra el pueblo garífuna, alertando sobre el riesgo de extinción de su identidad, tradiciones y formas de organización colectiva si el despojo territorial continua.
Recomendación
Ante la profundidad de este conflicto, las organizaciones de derechos humanos recomiendan que el Estado hondureño active con urgencia mecanismos de diálogo intercultural efectivo, con la participación directa de las comunidades afectadas y de instituciones garantes como la CIDH, para avanzar en el cumplimiento real de las sentencias.
Al mismo tiempo, se exhorta al Poder Judicial a garantizar el debido proceso para los defensores detenidos y a evitar que el sistema penal sea utilizado como herramienta de persecución contra quienes ejercen el derecho legítimo a la defensa de sus territorios ancestrales.
