San Pedro Sula, Honduras.
Durante décadas, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha sido descrita como el agujero negro de las finanzas públicas hondureñas. Ahora, bajo el cobijo de la recién aprobada “Ley de Justicia Energética”, el Estado apuesta por la transformación más radical en la historia de la estatal.
El discurso oficial promete tarifas justas, blindaje contra la privatización y eficiencia corporativa. Sin embargo, al apartar la retórica política y diseccionar el articulado del decreto, emerge un entramado legal complejo lleno de luces, sombras y vacíos que definirán el futuro energético del país.
¿Qué significa realmente esta reforma?
Más allá de los titulares, la «letra pequeña» del documento revela que la ENEE, tal como la conocemos, dejará de existir para dar paso a un modelo híbrido que caminará sobre la fina línea entre la agilidad del sector privado y el control político gubernamental.
El fantasma de la privatización y el traje de «Sociedad Anónima»
El primer gran detonante de suspicacias en la opinión pública ha sido la terminología mercantil. La ley ordena la escisión —división— de la ENEE en tres nuevas empresas encargadas de Generación, Transmisión y Distribución. El recelo surge al leer que estas adoptarán la figura de «Sociedades Anónimas».
Para el imaginario colectivo, esto es sinónimo de venta al capital extranjero.
No obstante, la lectura rigurosa del decreto desmiente esta premisa. El documento especifica que se trata de «Sociedades Anónimas Unipersonales». Esto significa que el único dueño, accionista y titular del cien por ciento del capital será el Estado de Honduras, representado por la «ENEE Matriz».
El blindaje jurídico en este apartado es férreo: la ley prohíbe tajantemente la emisión de acciones para terceros y la incorporación de socios distintos al Estado. Además, declara los activos estratégicos de la empresa como inalienables e intransferibles, impidiendo que sean utilizados como garantía para financiamientos.
La intención de vestirlas de sociedad anónima no es esconder dueños, sino dotarlas de autonomía financiera e independizarlas de la burocracia central para que facturen y operen bajo las reglas ágiles del mercado.
Un divorcio polémico: Adiós a la Ley de Contratación del Estado
Si hay un artículo que encenderá las alertas de los sectores anticorrupción es la decisión de excluir a estas nuevas subsidiarias de la Ley de Contratación del Estado. Al regirse exclusivamente por el Código de Comercio, las empresas podrán ejecutar compras y contratar servicios con la misma velocidad que cualquier corporación privada.
Para los defensores de la ley, esta es la única forma de que la ENEE pueda comprar un transformador de emergencia en semanas y no en los años que toma la actual burocracia. Para sus detractores, representa la eliminación de un filtro de control histórico.
¿Cómo evitará la ley que esta agilidad se convierta en una vía libre para el despilfarro?
La letra pequeña impone tres salvavidas. Primero, obliga a las subsidiarias a crear sus propios manuales de compras basados en la libre competencia y transparencia. Segundo, somete a las empresas a auditorías externas independientes anuales realizadas por firmas internacionales especializadas, operando a la par del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Y tercero —el más importante—: la compra de energía, que representa el gasto más oneroso del sistema, no podrá hacerse mediante contratación directa. La ley exige que toda compra de potencia se realice a través de licitaciones públicas internacionales o subastas inversas.
El talón de Aquiles: La llave sigue en manos de los políticos
El mayor reto del nuevo modelo no es financiero ni operativo, es político. Las nuevas subsidiarias contarán con Consejos de Administración que deberán estar integrados por perfiles con comprobada experiencia técnica, financiera o jurídica. En el papel, la estructura busca erradicar el empirismo.
El problema radica en la cadena de mando. Estos consejeros de alto nivel serán nombrados directamente por la ENEE Matriz, cuya Junta Directiva está conformada exclusivamente por los secretarios de Estado (ministros) del gobierno de turno.
Aquí asoma el histórico fantasma del clientelismo.
Mientras la ley es estrictamente rigurosa con entidades como el nuevo Operador del Sistema y del Mercado (OSM) —para el cual exige de forma explícita que todo su personal sea contratado mediante «concursos públicos de méritos»—, ese mandato desaparece al hablar de las subsidiarias estatales.
Al no existir la obligatoriedad legal de un concurso público para el personal base de Generación, Transmisión y Distribución, queda abierta la puerta para que las cuotas de poder político y el activismo partidario sigan inflando las planillas de las nuevas empresas.
El muro de contención definitivo: El fin de los rescates de Finanzas
Si el riesgo del paracaidismo político sigue latente, la nueva ley ha instalado un mecanismo de autodestrucción financiera para quienes decidan usar las empresas como agencias de colocación de empleo: se acabaron los rescates automáticos.
Históricamente, los déficits millonarios de la ENEE han sido absorbidos por la Secretaría de Finanzas, sangrando el Presupuesto General de la República.
La nueva ley corta de tajo este cordón umbilical. El marco legal advierte que los déficits operativos que generen las nuevas empresas no representarán «una obligación automática de financiamiento, transferencia o compensación» por parte del Gobierno Central.
Las subsidiarias operarán con su propio riesgo financiero. Si una administración infla su nómina con activistas y quiebra sus finanzas, tendrá que lidiar con su propia insolvencia sin esperar que los impuestos de los hondureños tapen el agujero al final del año fiscal.
Al final, la Ley de Justicia Energética es un experimento audaz de ingeniería corporativa. Ha construido el armazón de una empresa moderna, bloqueando jurídicamente la privatización del patrimonio nacional. No obstante, por más perfectos que sean los estatutos mercantiles, el éxito de la reforma no se decidirá en los tribunales, sino en la voluntad política de los gobiernos venideros de soltar, de una vez por todas, su control sobre la principal empresa del Estado.
1. ¿Se va a privatizar la ENEE con la nueva Ley de Justicia Energética?
En papel, No. Pero hay oportunidad para que algunos se aprovechen. Aunque la ley transforma y divide a la ENEE en empresas de Generación, Transmisión y Distribución bajo la figura de «Sociedades Anónimas Unipersonales», el único dueño y accionista absoluto del 100% de estas empresas será el Estado de Honduras a través de la ENEE Matriz.
La ley prohíbe expresamente vender, ceder o transferir acciones a terceros o usar los activos de la empresa como garantía de financiamientos.
2. ¿Por qué las nuevas subsidiarias de la ENEE no se regirán por la Ley de Contratación del Estado?
La exclusión de la Ley de Contratación del Estado busca dotar a estas nuevas empresas de autonomía y agilidad corporativa para operar bajo el Código de Comercio, evitando la lentitud de la burocracia estatal tradicional.
Para prevenir la corrupción, la ley las obliga a crear manuales de compra transparentes, someterse a auditorías externas internacionales y adquirir toda la energía obligatoriamente mediante licitaciones públicas o subastas inversas.
3. ¿Quién administrará las nuevas empresas de la ENEE y cómo se evitará el clientelismo político?
Cada subsidiaria será administrada por un Consejo de Administración cuyos miembros deben acreditar obligatoriamente experiencia técnica, financiera o jurídica en el subsector eléctrico.
Sin embargo, la ley establece que estos miembros serán nombrados por la ENEE Matriz (conformada por los secretarios de Estado), y no exige textualmente concursos públicos para el personal base de estas empresas, dejando su profesionalización sujeta a la voluntad gubernamental de turno.
4. ¿Qué pasará si las nuevas empresas de la ENEE quiebran o reportan pérdidas millonarias?
La nueva ley elimina el mecanismo histórico de rescates estatales. El decreto establece que el déficit operativo de las subsidiarias no generará una obligación automática de financiamiento o compensación por parte de la Secretaría de Finanzas o el Gobierno Central.
Las empresas tendrán autonomía financiera y serán responsables de adoptar medidas comerciales y operativas para cubrir sus propias deudas con los ingresos de su gestión
