Managua, Nicaragua.
El presidente Daniel Ortega declaró el domingo 20 de julio que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones, eliminando de manera definitiva cualquier vestigio de alternancia democrática en el país.
El anuncio lo hizo durante los actos de conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado en Managua ante miles de seguidores del partido oficialista.
Ortega, de 80 años, quien gobierna Nicaragua desde 2007, sentenció que la oposición no volverá a ‘atrapar el Gobierno, atrapar el poder’, en referencia a los partidos y grupos que han exigido procesos electorales libres.
La declaración cancela de facto los comicios generales que, luego de las profundas reformas constitucionales aprobadas a inicios de 2025, quedaron programados para noviembre de 2027.
Dichas reformas, duramente criticadas por la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo, extendieron el periodo presidencial de cinco a seis años, eliminaron el balance de poderes e instituyeron a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, como copresidenta sin pasar por ningún proceso electoral.
Reacción inmediata de Washington y la comunidad internacional
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó con dureza el anuncio. En un comunicado difundido el mismo día, Rubio señaló que el régimen de Ortega ‘abandonó incluso la apariencia de consentimiento popular’ y exhortó a la comunidad internacional a ‘unir fuerzas’ para demostrarle a la dictadura que no puede mantener relaciones normales con otras naciones mientras socava los principios democráticos del hemisferio.
Por su parte, Panamá anunció que llamó a consultas a su embajador ante Nicaragua en señal de rechazo a las declaraciones del mandatario nicaragüense.
Desde el exilio, el opositor Juan Sebastián Chamorro, quien estuvo preso hasta que fue liberado a Estados Unidos en 2023 junto a más de 200 presos políticos, afirmó que el anuncio revela el plan de Ortega de consolidar el poder al estilo de regímenes de partido único como los de China y Cuba.
El abogado nicaragüense Danny Ramírez Ayerdiz, fundador del Centro Interamericano para la Asistencia Legal en Derechos Humanos, advirtió que la declaración ‘termina evidenciando el rostro de una dictadura’ y anticipó un posible aumento de la represión contra quienes exijan procesos electorales.
Un camino de presión que Washington ya había iniciado
La declaración de Ortega se produce en un contexto de escalada de presiones por parte de Estados Unidos. En abril de 2026, el Departamento del Tesoro sancionó a siete empresas mineras vinculadas al régimen y a dos hijos de Ortega y Murillo por usar ingresos del sector aureo para sostener la dictadura.
En febrero de 2026 se habían sancionado a cinco altos funcionarios del régimen por facilitar la represión política y el espionaje. Además, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) propuso en octubre de 2025 la suspensión de Nicaragua del tratado de libre comercio DR-CAFTA y la aplicación de aranceles del 100% a ciertas importaciones nicaragüenses como respuesta a violaciones sistemáticas de derechos laborales y humanos, aunque Washington ha mantenido esa medida como advertencia sin aplicarla de forma definitiva.
Analistas advierten que el anuncio de Ortega podría empujar a la administración Trump hacia un enfoque aún más agresivo, que incluiría sanciones económicas más amplias, mayores restricciones de visas para funcionarios del régimen y una ofensiva diplomática coordinada desde Washington.
El régimen, por su parte, ha respondido profundizando sus alianzas con Rusia, China e Irán. Un acuerdo militar entre Moscú y Managua, ratificado en 2025 por el Senado ruso con vigencia de cinco años renovables, ha generado creciente preocupación en la capital estadounidense.
Una sociedad civil sin salida interna
Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense en el exilio reaccionaron con alarma. Salvador Marenco, coordinador del colectivo Nicaragua Nunca Más, con sede en Costa Rica, señaló que ‘el Frente Sandinista se ha convertido prácticamente en un partido único, sin oposición real dentro de Nicaragua’. Marenco subrayó que las palabras de Ortega no solo sepultan la posibilidad de elecciones en 2027, sino que representan ‘una reafirmación de la impunidad’ en un país donde, según el activista, ya no existe Estado de derecho.
Para los ciudadanos nicaragüenses en el exterior, expertos en derechos humanos recomiendan documentar y denunciar ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU cualquier caso de represión, dado que los canales internos de denuncia han sido sistemáticamente desmantelados por el régimen.
Mantener redes de apoyo en los países de acogida y estar atentos a los mecanismos de protección internacional disponibles resulta fundamental ante la profundización del autoritarismo en Nicaragua.
¿Qué dijo exactamente Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua?
Ortega declaró el 20 de julio de 2026, durante el acto del 47 aniversario de la Revolución Sandinista en Managua, que en Nicaragua no volverá a haber elecciones para que la oposición no pueda ‘atrapar el poder’, cancelando de facto los comicios previstos para noviembre de 2027.
¿Cómo ha respondido Estados Unidos al anuncio de Ortega?
El secretario de Estado Marco Rubio condenó el anuncio y llamó a la comunidad internacional a unirse frente a la dictadura. Washington ya había impuesto sanciones a funcionarios y empresas mineras del régimen en 2026 y estudió la suspensión de Nicaragua del tratado comercial DR-CAFTA, medida que mantiene como advertencia activa.
¿Qué reformas constitucionales refuerzan el poder de Ortega en Nicaragua?
En febrero de 2025 entraron en vigor reformas que extendieron el periodo presidencial de cinco a seis años, crearon la figura de copresidenta para Rosario Murillo, eliminaron el balance de poderes y otorgaron al Ejecutivo control sobre todos los órganos del Estado, con condena de la ONU, la OEA y el Parlamento Europeo.
¿Qué pueden hacer los nicaragüenses en el exterior ante esta situación?
Los nicaragüenses en el exilio pueden documentar y denunciar casos de represión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU, apoyarse en organizaciones como Nicaragua Nunca Más y estar atentos a los mecanismos de protección internacional, ya que los canales de denuncia internos han sido desmantelados por el régimen.
